Responsabilidad de los Directivos y Altos Cargos

Por: Tempu Correduria de Seguros  02/05/2012
Palabras clave: Seguros De Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil Profesional

Decisiones y riesgos. Hoy en día, los administradores de cualquier entidad desde una sociedad anónima a una fundación tienen un trabajo muy complejo y lleno de retos. El año 2010 se cerró con un importante cambio normativo mediante la reforma del código penal de 1995 (modificado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la cual entró en vigor el 23 diciembre 2010) y desde entonces han sido numerosas las cuestiones e inquietudes surgidas ante las novedades que el texto introduce. Tal como establece la propia ley, los objetivos de la reforma son, por un lado corregir las carencias que el anterior texto había demostrado en la práctica y aprovechar para adaptarlo a las nuevas exigencias de la realidad social y por otro dar cumplimiento a la obligación de armonizar nuestro derecho penal a los requerimientos de la Unión Europea. Los administradores y directivos juegan un papel fundamental y consecuentemente verán incrementado su riesgo penal. Ante este nuevo entorno legal, desde Tempu Correduría de Seguros, le ofrecemos una información que le permita conocer no solo el nuevo riesgo penal al que se enfrentan los administradores y directivos de sociedades mercantiles en España, sino también las claves que les permitan obtener una completa protección a través del Seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos (también denominado Seguro D&O) poniendo a su disposición una Póliza de seguros, diseñada exclusivamente por nuestro personal especializado en este tipo de riesgo. Los Administradores se enfrentan continuamente a decisiones difíciles y su gestión es objeto de análisis por todas las partes interesadas: accionistas, socios, protectorado, empleados, clientes, proveedores… Cualquier administrador, ya sea ejecutivo o no ejecutivo, de hecho o derecho, puede exponerse a responsabilidades civiles o penales relacionadas con: • Mala gestión del patrimonio de la entidad • Competencia desleal • Falta de supervisión • Mala decisión en la adquisición o venta de activos o entidades • Falta de diligencia en la realización de estudios de mercado (siempre y cuando esta no sea la actividad de la sociedad) • Fusiones y Adquisiciones • Excesiva o deficiente diversificación (en productos, líneas de negocio, mercados, etc.). • Excesivas o deficientes inversiones en I+D. • Información incompleta o incorrecta (a inversores, clientes, accionistas, socios, entidades supervisoras…..). • Desvío de la estrategia marcada. • Falta de diligencia en la investigación y aprobación de proyectos empresariales. • Diversificación, contratos, adquisiciones, nuevos socios, expansión a otros mercados, cambios accionariales, problemas de sucesión, grandes préstamos/líneas de financiación, cambios de estrategia, etc. Todas estas situaciones con las que se encuentra el administrador en su gestión diaria, pueden generar reclamaciones contra administradores que se materializan en costosos procesos que tienen cada vez mayor frecuencia e intensidad, incluso en el ámbito de las Pymes, Fundaciones, Cooperativas o incluso Asociaciones. Entorno Legal Cada vez es más complejo el entramado legal que regula los deberes y responsabilidades de los administradores y directivos: Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Transparencia, Ley Concursal, Ley de Mercado de Valores….son sólo algunas de las legislaciones a tener en cuenta. A ellas hay que añadir además todas las normas vigentes en otros países y que tienen su especial relevancia cuando la actividad de la sociedad se extiende más allá de nuestras fronteras. Pero la legislación no sólo contempla a los administradores y directivos de Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, etc., sino que la legislación específica de cada tipo de entidad, contempla la responsabilidad de los administradores de dichas entidades como: • Cooperativas: Ley 27/1999 de 16 de Julio, Art. 35.3 y 43. • Fundaciones: Ley 50/2002 de 26 de Diciembre, Art. 17. • Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, Art.15. • Cámaras de Comercio: Ley 3/1993 de 22 de Marzo, Art. 23. • Mutualidades de Previsión Social: Real Decreto 1430/2002 de 27 de Diciembre, Art. 41 Siendo también de aplicación a cualquier tipo de entidad la nueva Ley Concursal y la responsabilidad que la misma ley imputa a los administradores y directivos de cualquier tipo de entidad. La nueva norma ha introducido nuevos delitos que inevitablemente harán que un administrador o directivo de empresa pueda verse declarando ante un Juez. Entre estos destacan el delito de "corrupción entre particulares", los "delitos bursátiles", "el acoso laboral" o nuevos tipos de "delitos medioambientales". Igualmente es destacable el aumento de penas que han sufrido ciertos delitos que ya estaban contemplados en el anterior código penal. Sobre el mismo destacamos los "delitos fiscales" o "delitos contra la seguridad social", el "alzamiento de bienes", "delitos medioambientales" ya existentes, o los "delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo" que tanta relevancia han tenido en estos últimos años como consecuencia del boom inmobiliario, como las construcciones no autorizadas, etc. El riesgo penal al que se enfrentan los gestores de empresa se ha visto influido asimismo por la penalización de las conductas de la persona jurídica. La nueva norma considera la responsabilidad penal de la persona jurídica únicamente para determinados delitos y cuando estos hayan sido cometidos en su nombre y en su provecho, tanto por sus administradores de derecho, de hecho o sus representantes legales, como por trabajadores de la sociedad por no haber ejercido los anteriores el debido control para evitarlo. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda a la sociedad, el gestor empresarial igualmente se puede ver en el banquillo de los acusados por los delitos que se le imputen a la entidad. Estos son los delitos particularmente afectados en la reforma, por los que se establece expresamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. • Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis) • Trata de seres humanos (art.177 bis) • Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189bis) • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art.197.3) • Estafas y fraudes (art. 251 bis) • Insolvencias punibles (art.261 bis) • Daños informáticos (art.264) • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (art. 288.1) • Blanqueo de capitales (art. 302) • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis) • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis 4) • Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal (art. 319) • Delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328) • Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes (art. 343.3) • Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348.3) • Delitos contra la salud pública: tráfico de drogas (art. 369 bis) • Falsedad en medios de pago (art. 399 bis) • Cohecho (art.427) • Tráfico de influencias (art. 430) • Corrupción de funcionario extranjero (art.445) • Organizaciones o grupos criminales (art.570 quarter) • Financiación del terrorismo (art. 576 bis) Para todos estos delitos se contempla la posibilidad de la concurrencia de circunstancias atenuantes (art. 31 bis 4), cuyo común denominador es la ocurrencia de determinados comportamientos de relevancia notoria, ocurridos con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales. Así la persona jurídica podrá atenuar su responsabilidad penal mediante confesión (antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella), colaboración (colaborando en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos), reparación o disminución del daño (con anterioridad al juicio oral) y el establecimiento de mediadas de verificación de cumplimiento normativo (compliance) para evitar la ocurrencia de delitos en el futuro. ¿COMO PROTEGERSE? La contratación de una póliza que cubra dichas responsabilidades, ha demostrado ser el método más eficaz de protección de los Gestores Sociales, en tanto les permite actuar con mayor seguridad y les facilita la necesaria agilidad en la toma de decisiones, imprescindibles para el ejercicio de sus funciones gestoras. La póliza permite transferir dicha responsabilidad al asegurador. En esta dinámica empresarial y con la incertidumbre y la gravedad del régimen legal existente, se ha hecho prácticamente imprescindible en los últimos años la contratación de un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos. Con una póliza que proporcione al equipo gestor la protección necesaria en este terreno, permitiendo así a los gestores desempeñar su labor con la tranquilidad de no estar arriesgando en ello su propio patrimonio personal. Por todo ello, una solución ante estos hechos eficaz ante estos escenarios de riesgo, se hace más necesaria que nunca para los DIRECTIVOS de las empresas contratar el seguro que le esta ofreciendo Tempu correduría de seguros, que les garantice estas responsabilidades frente a todos estos imprevistos.

Palabras clave: Responsabilidad Civil Profesional, Seguros De Responsabilidad Civil

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